Ivonne Osorio Rodríguez
Rocío del Valle León
En este artículo se aborda el tema de la educación como uno de los derechos fundamentales de todo niño, mismos que se definen en varias convenciones internacionales que resultan en tratados universales. El principal documento que se analiza es la Declaración de los Derechos de los niños de 1959.
INTRODUCCIÓN
Un derecho supone la libertad del ser humano para realizar una determinada acción y obligación del aparato estatal es protegerlo y proveerle de las condiciones necesarias para la realización de esta acción de la mejor manera y lo más equitativamente posible.
La convención de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes "jurídicamente" responsables de su cumplimiento. Éste es un tratado Internacional de 54 artículos que profundiza los derechos del niño, reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad, subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y asistencia; la necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño antes y después de su nacimiento; la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño, y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.
SOBRE LA DECLARACIÓN
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que:
1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”
2. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (...)”
3. “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”
Entender la educación como un derecho le otorga un estatuto que reclama progresar hacia su exigibilidad jurídica para todos los ciudadanos en los ámbitos internacional y nacional, del mismo modo, la integra al contexto de otros derechos sociales como el derecho a la salud y al trabajo decente, que se interconectan y potencian entre sí.
Además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, la educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica de sus miembros, entre otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado.[1]
Según la UNESCO la garantía de un aprendizaje vinculado a la formación de la identidad de las personas y de su capacidad para convivir, hacer, emprender y aprender de modo continuo, debe ser el pilar fundamental de una concepción integral de la educación para el siglo XXI.
En el marco del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el presidente de México, Felipe Calderón, encabezó un acto protocolario en el que destacó los avances y retos del país respecto a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reiteró el compromiso de su gobierno para que la niñez de México tenga una vida digna:
“Hoy se cumplen 20 años de que la Convención sobre los Derechos del Niño fuese adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde el primer momento, México no dudó en sumarse a la tarea mundial para trabajar en favor de los derechos de la niñez; de brindarles protección, de reconocerles en todo momento su dignidad, su valor como seres humanos”
señaló Calderón ante un grupo de niños, adolescentes, representantes de la sociedad civil, diputados y miembros de su Gabinete.
“Dos décadas después, hemos tenido avances, pero es muchísimo más lo que falta que lo que hemos recorrido. Estoy convencido de que la mejor manera de celebrar este aniversario es haciendo un alto en el camino y ponernos a reflexionar en serio, sobre los logros que se han alcanzado en el tiempo, pero también sobre qué tenemos que hacer en México y, desde luego, ponernos manos a la obra”
Muchas son las declaraciones en torno a los derechos de los niños en México, muchos son los logros y virtudes, fracasos y retos atribuidos a las diferentes administraciones, pero ¿cuáles son las realidades que hemos construido y a las que nos enfrentamos todos los días en el país?
México ha participado activamente en tres de los grandes compromisos en materia de derechos de la infancia que se han celebrado a escala mundial: la Convención de los Derechos sobre la Infancia de 1989 y la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990, y la Sesión Especial de la ONU sobre Infancia en 2002, que sin bien se encuentran vinculados no significan lo mismo. Respecto a la Convención de los derechos sobre la infancia, el Estado Mexicano, al igual que otros en el mundo, la suscribió en septiembre de 1989. El 19 de junio de 1990 el Senado de la República Mexicana ratificó este convenio mediante lo cual - y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se convirtió en ley suprema del país.
En virtud de que el artículo 44 de la Convención estableció la obligación de los Estados parte de informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma y sobre los avances logrados, el Estado mexicano ha presentado dos informes:
• El primer informe se presentó en enero de 1994
• El segundo el 27 de febrero de 1999, presentado de manera tardía en función de lo acordado y que le valió un señalamiento al respecto.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU - que es el organismo encargado de evaluar los informes presentados por los gobiernos y de establecer las observaciones pertinentes, elaboró dos recomendaciones respetivas al Estado Mexicano:
• Las observaciones al primer informe el 7 de febrero de 1994
• Las observaciones al segundo informe mexicano el 10 de noviembre de 1999
Ambos informes señalan aciertos de parte del Estado Mexicano en su tarea de dar cumplimiento a la Convención e incluso avala algunas acciones informadas que en la práctica no parecen haber ocurrido (como el caso de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que se señalan instaladas en los 32 Estados de la República).
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, podríamos decir que ambas recomendaciones se centran en algunos aspectos básicos:
1. Las condiciones de pobreza, explotación, y riesgo en que viven millones de niñas y niños en México, además de desigualdades de género y origen étnico. Al respecto informes oficiales como no oficiales muestran que pese a los avances logrados en rubros específicos, al final de la década niñas, niños y adolescentes padecen severas condiciones para su supervivencia y desarrollo.
2. La necesidad de modificar las leyes para que se adecuen a los principios y ordenamientos establecidos dentro de la Convención. A finales de 1999 ocurrió la reforma y adición al artículo 4º Constitucional para incluir la noción de los derechos de la infancia; posteriormente, en abril de 2000, se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños. Además algunas legislaturas locales también promovieron leyes estatales en esta materia, con lo que resultó por ejemplo que en el DF también en diciembre de 1999 fue aprobada por el Congreso local la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. La necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de la infancia con capacidad financiera, de independencia y mandato. El gobierno mexicano ha informado (Informe del Gobierno Mexicano para la V reunión Ministerial de Jamaica, México Octubre 2000) de la realización de varias acciones que se inscriben en el establecimiento de este sistema, dentro de las cuales pueden citarse:
• La Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia creada en enero de 1991 de carácter intersectorial e insterinstitucional, responsable de la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Acción en Favor de la infancia.
• El Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Convención de los Derechos del Niño, aprobado en 1998.
• El Plan de Acción interinstitucional para Prevenir, atender y erradicar la Explotación Sexual Comercial, creado también en 1998.
• El Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar creado en marzo de 1999.
4. La participación civil y de la infancia en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas. Aunque las propias recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU enfatizan la importancia de esta participación, en la misma dirección que una gran cantidad de tendencias nacionales e internacionales en este sentido, la realidad dista mucho de ir por ese camino.
La importancia de firmar otros tratados internacionales que fortalezcan los compromisos en materias específicas. Además, México junto con otros cinco países promovieron la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York en 1990, que trajo como consecuencia múltiples compromisos en materia políticas públicas hacia este sector. Para corresponder a los mismos el gobierno mexicano creó el Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1990-1995 (en la administración de Salinas de Gortari) y luego otro para el periodo 1995-2000 (en la administración de Ernesto Zedillo). Progresa fue otro de los programas desarrollados durante la administración de Ernesto Zedillo. Este programa comenzó en 1997 y se enfocó primordialmente al combate a la pobreza, la insalubridad, el trabajo infantil, el ausentismo y la deserción escolar. La actual administración ha cambiado el nombre de este programa a Oportunidades, el cual entrega transferencias de efectivo a las mujeres, bajo la condición de que sus hijos asistan a la escuela y se sometan a controles médicos regulares.
Pese a todos estos programas la región meridional de México tiene algunos de los problemas más graves en materia de derechos de la infancia. Allí vive la mayoría de las comunidades indígenas del país- más de sesenta grupos étnicos y lingüísticos- y la mayor parte del 20% de los mexicanos cuyas condiciones de vida son de extrema pobreza. Dado que todas las comunidades indígenas tienen sus propios y apremiantes problemas, aplicar de manera uniforme las leyes sobre derechos humanos sigue siendo una labor compleja que el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido en sus respuestas a los informes que México presenta sistemáticamente desde 1990.
Con la crisis económica mundial y con gravísimos problemas de violencia, México tiene una tarea triple: abordar las desigualdades que impiden a los niños de las comunidades pobres y marginadas disfrutar de sus derechos, reforzar los sistemas de protección infantil a nivel local y nacional, y mantener los logros que ha alcanzado en materia de protección gracias a sus iniciativas nacionales.
Hasta aquí hemos presentado brevemente una de las realidades a la que nos enfrentamos, las recomendaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señalan lo inadecuadas que resultan las leyes para la defensa de los derechos del niño, la carencia de constante vigilancia y seguimiento de las leyes promulgadas, la poca o nula participación de los niños y sociedad civil en la formulación de dichas leyes, la falta de evaluación respecto a su eficacia, además de señalar la situación de extrema pobreza, explotación, situaciones de riesgo y desigualdades de género, raza o situación económica sufridas por los niños mexicanos. En este sentido ¿qué realidad enfrentamos en relación con el derecho a la educación en México?
COBERTURA
Al respecto de uno de uno de los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio que es lograr la enseñanza primaria universal, México ha venido incrementando la cobertura, sin embargo presenta desigualdades, tanto regionales, como por nivel educativo. En el primer caso en cobertura de preescolar el estado de México presenta una cobertura 13 puntos porcentuales menor a la media nacional; en primaria el estado que presenta mayor rezago es Chihuahua alcanzando apenas el 93% en comparación a casi el 99% de la nacional; en secundaria la brecha entre la cobertura nacional y la de Guerrero es de 13 puntos porcentuales nuevamente; y finalmente en Michoacán atiende al 29% de sus adolescentes, mientras la media nacional es cercana al 39%. En lo que toca las disparidades en la oferta, mientras que la cobertura en primaria, casi alcanza al 100% de los niños y niñas, en la secundaria alcanza a casi la tercera parte de los adolescentes. Solamente 6 de cada 10 niños y niñas mexicanas ha sido atendida en por lo menos un año de educación preescolar y 4 de cada diez jóvenes se incorporan a la formación media superior (ver cuadro 1).
Los servicios educativos de apoyo al desarrollo de la primera infancia, específicamente los de atención a niños y niñas de entre tres y cinco años, merecen especial atención, no sólo por la importancia de esta etapa para el desarrollo de los infantes, sino también porque a partir del año 2002, el gobierno mexicano enfrenta el reto de asegurar la cobertura en este nivel educativo, a raíz de los cambios constitucionales, que extienden la obligatoriedad de tres años de preescolar. Mientras el 81% de los niños y niñas de cinco años es atendido en este nivel, la atención a los menores de cuatro años desciende al 63% y solamente 2 niños o niñas de tres años de cada 10, se incorporan a este servicio. En este caso el rezago analizado por entidad federativa es preocupante, en el estado de Campeche el porcentaje de cobertura de menores de tres años en el ciclo 2002-2003 fue de 1.6%; diecisiete entidades que representan más de la mitad de las que conforman el país presentan coberturas menores al 16%. [3]
La cobertura también presenta diferencias, en el tipo de escuela a la que asisten los niños y niñas de México. Según datos del monitoreo a las escuelas del nivel básico ciclo escolar 2003-2004, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el 91% de las escuelas primarias de nuestro país contaban con luz eléctrica y solamente el 12% tenía piso de tierra, pero si la escuela da atención a población indígena los porcentajes son de 80% y 52% respectivamente, y si es un niño o niña que atienda el sistema comunitario compensatorio en nuestro país, la probabilidad de que su escuela no tenga luz eléctrica es del 33%, y que no tenga pisos del 47%. Finalmente el 5% de los y las adolescentes de entre 12 y 14 no trabajan y no estudian, y el 10% de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, en este caso los mayores porcentajes se ubican en las entidades tradicionalmente expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos de nuestro país, como son Durango, Guanajuato y Michoacán, apuntando hacia un grupo cada vez más numeroso de niños y niñas emigrantes, que en los últimos años emerge como un grupo vulnerable de atención especial.[4]
A pesar de que los promedios nacionales, acreditan a México con una cobertura universal en el nivel primaria, la sobrestimación y las variantes operativas que están imprimiendo los grupos de niños y niñas jornaleros agrícolas, por ejemplo, plantean nuevos retos a considerar. Adicionalmente, no se puede afirmar que el acceso a la primaria es un problema resuelto, mientras persistan los problemas de deserción y no se tome en cuenta la eficiencia terminal.
Las brechas regional: norte-sur; territorial: urbana-rural; y étnica: indígena - no indígena, continúan presentes en los indicadores de cobertura y permanencia. El problema de la calidad educativa es preocupante y generalizado. Sin embargo, es en este rubro, donde se evidencia distribución desigual de las oportunidades educativas.
Son preocupantes también los resultados de aprovechamiento en las modalidades de atención a grupos vulnerables: Programas compensatorios, Telesecundarias, Educación Indígena y Migrantes.
Concluyendo, el Estado mexicano incumplió la recomendación de reducir las disparidades regionales y tomar medidas eficaces para mejorar la situación educativa a favor de los grupos vulnerables.[5]
CALIDAD
En materia de calidad, la actual administración enfocó sus esfuerzos en el Programa Escuelas de Calidad (PEC), que asumió como objetivo estratégico elevar la calidad de los procesos y logros educativos en las escuelas de educación básica, a partir de un modelo de autogestión, basado entre otros en el trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación participativa, evaluación para la mejora continua y participación social responsable.
Los resultados de los indicadores educativos y las pruebas aplicadas por la SEP correspondientes a las escuelas inscritas en el Programa Escuelas de Calidad, muestran que no se cumplió con el propósito de elevar el aprovechamiento escolar y la dependencia no contó con el sistema de evaluación para medir los resultados de la gestión y el desempeño escolar. Por lo que no es posible evaluar en qué medida se consolidó el modelo de autogestión educativa.
En este aspecto, no nada más es preocupante que la oferta educativa en México no brinde a los niños y niñas de la posibilidad de encontrar en la escuela una educación pertinente, formativa en valores y proveedora de habilidades que contribuyan a su desarrollo personal, y al social y económico de la comunidad. Sino también que la administración actual, no asuma compromisos para superar la crisis educativa que hoy enfrenta el país.
Aunque el gasto educativo nacional se esté aproximando al parámetro recomendado en 1979, aún estamos muy lejos de la meta establecida por la Ley General de Educación, según la cual sólo el gasto público debe alcanzar en 2006 una proporción equivalente a 8 por ciento del PIB de ese año.[6]
IGUALDAD
Pobreza infantil:
Según un informe del UNICEF de 2005, dentro de los países de la OCDE, México es el país con la tasa más alta de pobreza infantil. Durante los años 90 se registró un aumento de 3 puntos en la tasa de pobreza infantil, uno de los más altos incrementos dentro de los países que conforman esta organización mundial. Este mismo informe ubica a México como el país con más alto porcentaje de niños viviendo bajo el promedio nacional de ingresos. De igual forma, las tasas de reducción de la pobreza vía intervención gubernamental para el caso de México, son de las más bajas entre este grupo de países.
Por otro lado, a pesar de que algunos informes oficiales muestran el descenso en las tasas de pobreza, la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado en el país, por lo que la propia falta de dinamismo en la reducción de los niveles de pobreza esta asociada a la desigualdad.
En el contexto de América Latina, México se encuentra entre los países de más alta desigualdad según un informe de la CEPAL. El Informe sobre Desarrollo Humano de México 2004, por su parte, señala que la desigualdad se concentra principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero y Estado de México, estados responsables del 40.3% de la desigualdad nacional. Sin embargo la desigualdad al interior de los municipios mexicanos es más alta que entre las diversas entidades federativas, pues las diferencias en el índice de ingresos a este nivel llegan al 168%, siendo Guanajuato el Estado que presenta mayor disparidad en los niveles de ingreso al interior de sus municipios. La aplicación del gasto público puede ser un factor determinante para la reducción tanto de los niveles de pobreza infantil, como de disparidades. No obstante también puede ser un factor que incremente la brecha de desigualdad.
En cuanto al Derecho a la Salud Persiste una amplia inequidad en el acceso Existen grandes disparidades en el financiamiento a la salud, el Distrito Federal y los estados del norte reciben la proporción más alta del gasto público, cuando sus necesidades -medidas con indicadores del estado de la salud, como la mortalidad infantil, son mucho menores que los estados del sur.
La limitada oferta de personal médico y paramédico, es preocupante en las zonas más pobres del país, son los niños y niñas indígenas y rurales quienes más enfrentan la carencia de servicios y de medicamentos. Son los niños, niñas y adolescentes indígenas, quienes viven en familias que enfrentan gastos empobrecedores relacionados con la salud cada año.
En conclusión el Estado mexicano no ha cumplido con la recomendación emitida en 1999 en lo que toca al desarrollo de medias efectivas para garantizar el acceso a los servicios de salud de todos los niños y niñas mexicanos.[7]
Atención especial por discapacidad:
El Estado mexicano ha registrado importantes avances en materia de legislación y políticas públicas: En diciembre del 2000 se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad (ORPISCD), la cual tiene como objetivo promover la integración de las personas con discapacidad al bienestar social, en igualdad de oportunidades que las demás, estableciendo políticas de coordinación entre dependencias de la administración pública en los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil; en junio del 2005, entra en vigor la Ley General de las personas con discapacidad, en la cual se establecen las bases para la inclusión de las personas con discapacidad, con plena igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida; Se han instrumentado cuatro programas específicos para atender a la población con discapacidad (Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Programa Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa).
No obstante estos avances, para el cumplimiento de la Ley General de las Personas con Discapacidad aprobada recientemente el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad y decenas de Organismos Sociales planean la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la misma a través de dos acciones primordiales: Instruir a la Secretaría de Salud y a la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, concertar las acciones necesarias para la ejecución de lo estipulado por la Ley General de las Personas con Discapacidad; además de Instruir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.[8]
Niños trabajadores:
En México, de acuerdo a un estudio del INEGI publicado en 2004, en el año 2002, se registraron 7.36 millones de niños y niñas trabajadores entre 6 y 19 años de edad, lo que representa el 19% del total de la población infantil. Esta población enfrenta diversos retos para el ejercicio pleno de sus derechos.
Si bien es cierto que el Estado Mexicano tiene la obligación de velar por que estos derechos sean garantizados, la realidad dista mucho de ello, y es la actividad laboral de los niños, imprescindible para satisfacer sus necesidades más inmediatas, y en otros casos, encargarse de su manutención completa, como lo es la población que vive en las calles.
La falta de acceso a la educación en el país para los niños de 12 y 14 años que trabajan es del 57.89% y para los trabajadores de 15 a 17 años el porcentaje se eleva a un 79.66%, lo que limita su formación educativa para desarrollar sus capacidades y habilidades para ser competitivos y acceder a mejores oportunidades de empleo.
Estos datos sólo corroboran la falta de mecanismos que reflejen tanto la cantidad, como la calidad de vida de miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores, que pueden ser objeto de actividades ilícitas y que los riesgos a los cuales están expuestos, ni siquiera puedan ser identificados, y no atendidos.[9]
Niños indígenas:
Según las estimaciones de CONAPO/INI, para el año 2000, la población indígena de México, comprendía 10.189 millones de personas, que representaban el 10.45% del total nacional. Alrededor de cuatro de cada diez, eran niños y niñas indígenas menores de 14 años. 3.9 millones de son la población infantil indígena en México, que representa el 12% de los menores de esa edad en nuestro país.
El trabajo infantil en zonas indígenas se acentúa casi dos veces más que en el resto del país: la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas de 1997 refiere que la tasa de participación en el trabajo de los niños y niñas indígenas en ese año fue de 35.9% mientras que la nacional del mismo año se ubicó en 18.7%.
Dentro del trabajo infantil indígena, el estudio muestra que mientras las niñas se desempeñan principalmente dentro del trabajo doméstico (64%), los varones se visibilizan en el trabajo económico (75.3%). Por otro lado se muestra que el 26.2% de esta infancia trabajadora indígena no estudia. Estos datos muestran desigualdad de género debido a que mientras el porcentaje de niños indígenas que trabajan y no estudian (21.9%) es menor al de los niños en esta situación a nivel nacional (24.9%); las niñas indígenas que trabajan y no estudian representan 30.4%, 4.2 puntos porcentuales más que las niñas que trabajan y no estudian a nivel nacional (26.2%).[10]
El reto es cada vez mayor, Se requiere una apuesta política, una apuesta desde los tres niveles de gobierno y desde las organizaciones de la sociedad civil, para realizar cambios estructurales que posibiliten que la brecha sea menos profunda.
Niños migrantes:
La población infantil migrante en nuestro país ha venido creciendo en la última década. Principalmente constituida por grupos que en sus lugares de nacimiento ya eran vulnerables y sujetos de atención especial y que trasladan esa vulnerabilidad, sumada con riesgos adicionales a los lugares de recepción. Los riesgos de morbi-letalidad: por plaguicidas y explotación laboral en el caso de los jornaleros agrícolas; por condiciones de vida insalubres para los indígenas migrante a las grandes urbes; y por inanición y fatiga en los migrantes transfronterizos. Son un ejemplo de los problemas que emergen y merecen especial atención. A estos, en común, habría que agregar la Explotación Sexual Comercial y la falta de oportunidades educativas en los tres casos.
La falta de información detallada de los registros de niños y niñas acompañadas y no acompañadas es un impedimento124 para el diseño de estrategias y políticas públicas para asistir a este grupo de migrantes vulnerables y para asegurar que sus derechos son están siendo respetados. Más allá de la información incompleta, el monitoreo realizado por ONG's, reportes de investigación e información de los medios, indican un creciente y e importante número de niños y niñas migrantes mexicanos.
La atención a la infancia jornalera, ha sufrido retrocesos, debido al cambio del enfoque en la política de atención, por lo que se requiere de un nuevo replanteamiento de intervención.
CONCLUSIONES
Los datos presentados anteriormente y recopilados en su mayoría del Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, elaborado al interior de la Red por los Derechos de la Infancia en México hablan por si mismos. Es devastador el panorama que se nos presenta, al cual debemos enfrentarnos y el que debemos cambiar si es que queremos sobrevivir.
Para Rosa Ma. Torres, educadora, lingüista y activista social ecuatoriana, lograr que se reconozca la educación como un derecho, antes que como un mero servicio, una oportunidad o incluso una mercancía, es una meta difícil de alcanzar y cada vez más importante. No obstante, una vez instalados en el terreno de los derechos, la segunda batalla que se plantea es abrir el estrecho panorama con que suele mirarse el “derecho a la educación” y la propia educación, tradicionalmente asociados a la infancia, sistema escolar, escuela primaria, acceso, y matrícula escolar. La tercera gran batalla, y la fundamental, es lograr que la abultada lista de convenios, declaraciones y programas de acción en torno al derecho a la educación, deje de ser tinta en el papel y pase a concretarse en la realidad, especialmente en los llamados “países en desarrollo” y en relación a los pobres.[11]
Es necesario renovar las políticas públicas en torno a la educación y dotar de infraestructura a las regiones más pobres del país, hemos hecho aquí un brevísimo recorrido por la realidad y nos hemos percatado de la creciente desigualdad que prevalece en México. Los niños y niñas mexicanas necesitan de algo más que una escuela –imprescindible-, es necesario implantar políticas integrales de desarrollo social, donde se incluyan el derecho a la familia, a la protección contra todo tipo de violencia, el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la salud ambiental, el derecho a la identidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, el derecho a practicar la lengua y cultura madre, el derecho a la participación –activa-, a la información, a la igualdad, el derecho a recibir especial atención por discapacidad, derecho al esparcimiento y a la cultura, en una palabra: el derecho a tener una vida digna.
Es una utopía difícil de hacerse realidad pero no inalcanzable. Hará falta voluntad y cooperación entre todos los sectores de la sociedad, hará falta una lucha intensa en favor de la democratización y capacitación del magisterio donde quepan proyectos pedagógicos innovadores adecuados alas realidades particulares de los diferentes estados de Federación, harán falta planes proyectados a futuro, regulación por parte del Estado. En suma una reforma educativa de fondo donde no quepan los intereses particulares y las pugnas del poder por el poder, donde el único interés que domine las conciencias de los agentes involucrados –mexicanos en comunidad- sea el futuro del país…
¡¡¡¡Vivamos la utopía!!!!
FUENTES DE CONSULTA EN LÍNEA:
[1] Objetivos del Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/ObjetivosDesarrollo/lnforme%20cepal%202005.pdf
[2] UNICEF Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Centro de Prensa, http://www.unicef.org/lac/media_16452.htm
[3] Infancias mexicanas: rostros de la desigualdad, Informe Alternativo para el Comité de los derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas 1999-2004, p. 127
[9] Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004
[10] Ibíd., p.p. 182
[11] TORRES Rosa María., “Derecho a la educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela”, en www.fronesis.org/documentos/derecho-a-la-educacion.pdf
1 comentario:
Ivonne y Rocío,
Este es un buen inicio en la incursión en el tema, la busqueda de información es pertinente, encontraron el rumbo del abordaje a partir de los derechos de la infancia.
Les sugiero no dejar el tema.
Compartan su trabajo, no dejen que la información se congele.
FELICIDADES
Publicar un comentario